Ex ministro Andrés Felipe Arias, capturado en Estados Unidos. /Foto: Corte Suprema |
Según la magistrada, ninguna Corte ha encontrado “circunstancias especiales” que demuestren que este caso se origina en “motivaciones políticas”.
El ex ministro fue capturado el miércoles de esta semana, en su casa en Weston, condado de Brodward (Florida). La captura fue consecuencia de una solicitud de extradición proferida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que en julio del 2014 lo condenó a 17 años y cinco meses de prisión, por hallarlo culpable del desvío de recursos del programa gubernamental denominado ‘Agro ingreso seguro’.
Antes de
que se conociera la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Arias viajó a
Miami y a donde días después viajaron su esposa, Catalina Serrano, y sus dos
hijos. La familia Arias comenzó a tramitar un asilo bajo el argumento de que se
había convertido en un perseguido político.
Posteriormente, Arias obtuvo un permiso temporal de trabajo en La Florida, que anualmente debía ser renovado. Hasta el momento no ha sido decidida la solicitud de asilo.
Con la decisión de la magistrada Alicia Otazo-Reyes de negarle el pago de la fianza para que recuperara su libertad, empieza un nuevo capítulo.
“Ahora lo que Arias puede hacer es pedir una moción para la determinación de la fianza, para que sea un juez quien determine si la decisión de la magistrada estuvo ajustada" explican fuentes judiciales.
La esposa de Arias asegura que pedirá ayuda internacional para que su esposo se pueda defender y sigue sosteniendo que Andrés Felipe es “un perseguido político”.
En su momento, la Fiscalía –la entidad que le acusó– sostuvo que “el programa careció de fiscalización y terminó entregando dinero a por lo menos nueve grandes familias o empresas que defraudaron al Estado con trampas como dividir sus fincas en varios lotes para obtener varias veces la asistencia estatal”.
A su turno, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien siempre ha defendido a Arias, escribió en Twitter: "Arias condenado y no se robó un centavo”.
De acuerdo con la investigación, los perjuicios al Estado por las irregularidades ascienden a más de 45.000 millones de pesos. La Fiscalía reconoció que Arias no se apropió recursos, pero permitió que dineros
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