Responsabilidad del superior, Acuerdo de Paz y el fantasma de la Corte Penal Internacional

Desde que el Gobierno Nacional y los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) iniciaron diálogos en La Habana, Cuba, ya hace casi cinco años, siempre tuvieron como idea fundamental que lo que allí se acordara no permitiese que a futuro la Corte Penal Internacional pudiera intervenir en el país para juzgar tanto a agentes del Estado como a miembros de la guerrilla.

Pues bien, esa idea siempre ha estado presente en las actuaciones adelantadas por las partes en negociación, teniendo como punto de partida el respeto y acatamiento al Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado colombiano a través de la Ley 742 de 2002 e integrado a nuestro bloque de constitucionalidad.